El anuncio de las FARC de que no esperan purgar un día de
pena en confinamiento como resultado de su eventual desmovilización, abre una
seria controversia sobre el alcance y sostenibilidad de un acuerdo de paz que
no involucre la justicia como base para una verdadera reconciliación individual
y nacional.
La relación entre los objetivos ‘paz y justicia’ no es un
dilema o una opción. Es una necesidad consustancial a un proceso de paz bien
hecho, no sólo como respuesta a las obvias demandas de justicia por parte de las víctimas del conflicto y de la lucha
contra la impunidad exigida por la sociedad, sino también como respuesta a los
requerimientos de seguridad jurídica y personal de cada uno de los individuos
desmovilizados que demanda un estado de derecho y el derecho internacional.
Pareciera algo paradójico, pero la aceptación del imperio de
la justicia y de la ley por parte de las FARC u otro grupo armado
insurreccional que se desmovilice, antes que un acto de claudicación o entrega
es un acto de auto-protección para que sus miembros desmovilizados puedan
re-insertarse a la vida ciudadana sin elevados riesgos colectivos y personales,
pues una vez purgada una pena, el riesgo de ser víctimas de venganzas resulta
menor a aquel generado por una situación de impunidad, pues la pena cicatriza
heridas mientras que la impunidad las deja abiertas y en muchos casos las
exacerba.
Adaptación texto: Liliana Ibarra Galavis
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