Los funcionarios que han destapado secretas atrocidades
no son traidores a la patria, sino personas solidarias con el bien común.
Cualquier día de 1972 me dijo un amigo que cierta persona
quería alertarme sobre un inminente crimen ecológico. Acudí a una cafetería de
la calle 19 para reunirme con la fuente anónima. Pronto se me acercó un tipo
rubio, barbudo, grande y encorvado que no paraba de fumar. Era el jefe de
Investigaciones de Inderena (entidad que manejaba los parques nacionales) y,
luego de pedirme reserva de su nombre, me explicó que existía un plan para
entregar las áreas principales del parque Tayrona a lujosas cadenas hoteleras.
Derrotada su oposición de científico dentro del instituto, sentía la obligación
de que los colombianos supieran lo que se avecinaba.
Fue así como empecé a averiguar y divulgar el proyecto de
los superhoteles. La reacción de repudio fue inmediata y, al cabo de luchar
largos meses, el gobierno de Misael Pastrana tiró la toalla ante la enorme
presión en contra. Han pasado más de 40 años, mi informante falleció en el
2001, y puedo ya revelar la identidad de aquella fuente que salvó entonces el
Tayrona. Se trataba de Jorge Hernández Camacho, apodado el ‘Sabio’, uno de los
más brillantes científicos nacionales del siglo XX. Él entendió que,
desbordados determinados límites, se agota la lealtad de un funcionario con un
gobierno y prevalece su obligación con las leyes y el bien común.
Hernández tenía la marca de esos tipos valientes que, a
sabiendas de que arriesgan el puesto, la libertad, el prestigio o la vida,
denuncian una injusticia, un atropello o una abominación que conocen gracias a
su trabajo. En inglés los llaman ‘silbatos de alarma’. En español, alguna prensa
los califica de ‘soplones’.
Adaptación de Liliana Ibarra Galavis
con su Link de noticias sugeridas
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